Mercedes Blanco, vocal de la Comisión de Vivienda de la Cámara de Comercio de Barcelona y CEO de Vecinos Felices Administración de Fincas y Alquileres, arrojó luz sobre los recientes cambios normativos en el sector del alquiler durante la jornada titulada «Derecho Civil Catalán: perspectivas actuales y desafíos en la práctica notarial y jurídica». Este evento abordó detalladamente las implicaciones de las regulaciones introducidas en Cataluña, centrándose especialmente en el impacto sobre los contratos de arrendamiento.
En los últimos 18 meses, Cataluña ha experimentado un incremento notable en las regulaciones de vivienda, motivadas principalmente por la Ley de Vivienda. Esta ley implementa restricciones tanto en los precios de los alquileres como en las condiciones contractuales, con el objetivo de establecer un marco más equilibrado para arrendadores e inquilinos.
Blanco puso de relieve la importancia de tener en cuenta la ubicación de la vivienda en la elaboración del contrato de arrendamiento. Si la propiedad está situada en una «zona de mercado residencial tensionado», esto debe ser indicado claramente en el contrato, ya que tiene un impacto directo en la fijación de la renta. Actualmente, se estima que el 90% de las poblaciones en Cataluña han sido declaradas como tensionadas.
Además de la ubicación, la categoría del arrendador también juega un papel crucial. Se distingue entre grandes tenedores, aquellos con más de diez inmuebles, y pequeños tenedores. Para los grandes tenedores, la renta debe ajustarse al índice de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. En cambio, los pequeños tenedores pueden permitir un incremento de hasta el 10% si han efectuado mejoras en la propiedad en los dos últimos años.
La fijación del precio del alquiler ha sido un tema de debate constante. Los grandes tenedores deben seguir estrictamente el índice de referencia, mientras que los pequeños disponen de cierta flexibilidad, siempre acompañada de una correcta identificación de gastos adicionales en el contrato, como comunidad o IBI. Cabe señalar que estos gastos adicionales también están sujetos a un límite de incremento anual.
Mercedes Blanco subrayó la importancia de que los arrendadores comprendan las limitaciones en la fijación de la renta para evitar cláusulas abusivas que podrían ser cuestionadas legalmente. Los contratos deben asegurar una duración mínima de cinco años y proporcionar derechos a los inquilinos, quienes pueden rescindir el contrato después de seis meses, siempre que se dé el preaviso necesario.
Durante la jornada, se destacó la necesidad de que ambas partes, tanto arrendadores como inquilinos, conozcan sus derechos y obligaciones para prevenir futuros conflictos. La ley establece mecanismos de protección para ambas partes, promoviendo un entendimiento claro y una convivencia más justa en el ámbito del alquiler.
