El sector inmobiliario en España se enfrenta a un año de contrastes en 2025, con una proyección de 750.000 compraventas y aumentos de precios que podrían situarse entre el 4% y el 6%. A pesar de estas cifras alentadoras, el horizonte muestra signos de desaceleración hacia finales de año debido a problemas de oferta, inflación y posibles incrementos en los tipos de interés.
El economista Vicenç Hernández Reche, CEO de Tecnotramit, observa que la actual presión sobre los precios tiene raíces diferentes a las de la crisis del 2008, lo que podría llevar a consecuencias más severas a nivel social que macroeconómico. Un factor clave en esta situación es la falta de nueva construcción, con un déficit de viviendas que supera las 100.000 anualmente. Este desbalance entre la oferta, que se sitúa entre 80.000 y 100.000 viviendas al año, y la demanda, que alcanza las 200.000, está impulsando los precios tanto en compraventas como en alquileres.
Respecto a una posible burbuja inmobiliaria, Hernández Reche reconoce que la situación podría estar en línea con lo que la ortodoxia financiera catalogaría como tal. Sin embargo, los actuales criterios de financiación son más conservadores, la demanda sigue siendo fuerte y el aumento de precios no es uniforme a nivel geográfico. A pesar de esto, advierte que cualquier crisis potencial impactará más gravemente a las poblaciones vulnerables.
En cuanto a las hipotecas, se prevé un aumento en la popularidad de las hipotecas fijas frente a las variables. No obstante, el acceso a estas seguirá siendo un desafío, ya que los tipos de interés se mantendrán elevados en comparación con los niveles previos a 2022, complicando la situación de las familias con ingresos medianos y bajos si no se logra una estabilización de precios.
Hernández Reche sugiere que la solución radica en un plan nacional de oferta y rehabilitación que aborde la necesidad de más viviendas, incluyendo opciones asequibles y sociales. También aboga por agilizar la concesión de licencias y fomentar la rehabilitación energética a gran escala, resaltando que la política de vivienda debe adaptarse a las realidades del mercado y no dejarse llevar por inclinaciones ideológicas.
