El mercado inmobiliario en España se encuentra en un momento de transición con el anuncio del nuevo Plan Estatal de Vivienda impulsado por el Gobierno, que entrará en vigor en 2026. Esta iniciativa, articulada por el ejecutivo liderado por Pedro Sánchez, promete un aumento significativo en los fondos asignados para la vivienda pública. Sin embargo, según los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, de los 4.175 millones de euros destinados al Ministerio de Vivienda para el año 2024, hasta ahora solo se ha utilizado un 41,6%. Esta cifra ha encendido alarmas entre los expertos, quienes subrayan la necesidad urgente de una gestión presupuestaria más eficiente y clara.
Mercedes Blanco, CEO de la empresa Vecinos Felices y miembro del equipo de dirección de Fincas Blanco, remarca la crucial importancia de no limitarse a propuestas bienintencionadas, sino de llevar a cabo una planificación financieramente sólida. Blanco insiste en la conveniencia de un plan a largo plazo que sea conciso, con un presupuesto claro que tenga como objetivo asegurar un mercado de alquiler que sea a la vez accesible y sostenible para la población.
Una de las medidas más llamativas dentro de esta estrategia es la creación de una empresa pública de vivienda, que comenzará sus operaciones en el primer semestre del próximo año. Este ente tendrá la tarea de gestionar más de 30.000 propiedades provenientes del denominado ‘banco malo’, de las cuales 13.000 estarán disponibles para uso inmediato. No obstante, Blanco advierte que el verdadero desafío radica en desarrollar un plan integral que incorpore objetivos sostenibles y prácticos a futuro.
Pensando en las perspectivas de largo plazo, Blanco destaca la necesidad de que las políticas de vivienda se adapten a las nuevas realidades demográficas y sociales, como el aumento de familias monoparentales. Sugiere, entre otras cosas, aumentar la edificabilidad y permitir la segregación de fincas para optimizar la densidad en áreas estratégicas. Además, aboga por el desarrollo de infraestructuras que faciliten el desplazamiento desde las áreas residenciales dentro de un radio de 50 kilómetros de los principales núcleos urbanos.
En otro aspecto del plan, Blanco señala que los 200 millones de euros asignados para el Bono Alquiler Joven, aprobados desde octubre, aún no han sido empleados debido a la falta de convocatorias por parte de varias comunidades autónomas. Para ella, es vital que el mercado de alquiler sea viable económicamente, algo que podría lograrse facilitando más licencias para transformar locales comerciales en apartamentos, evitando en todo momento que esta transformación dependa únicamente del sector privado.
«Si el sector público no asume su responsabilidad financiera, las soluciones seguirán siendo insuficientes y el problema estructural de la vivienda se perpetuará», señala Blanco. Resalta que el sector inmobiliario en España genera ingresos sustanciales a través de impuestos, y subraya la importancia de que una parte de estos recursos se reinvierta en políticas efectivas que apoyen un mercado de alquiler más accesible para todos los ciudadanos.
