La contratación pública en España enfrenta un importante desafío en términos de eficacia y competitividad, según ha revelado un análisis de la plataforma digital licitaciones.io. Se ha identificado una significativa reducción en la competencia efectiva dentro de las licitaciones públicas, particularmente en aquellos casos donde los pliegos dependen de bases instaladas, repuestos específicos o referencias de catálogo cerradas.
De acuerdo con datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), cerca del 40% de las adjudicaciones se realizan con un solo licitador, excluyendo aquellos procedimientos negociados que no tienen publicidad. Además, la concurrencia media ha caído a 2,99 ofertas por procedimiento en 2023, el nivel más bajo registrado históricamente, y una disminución notable con respecto a las 4,09 ofertas observadas en 2019.
Ignacio Huertas, el fundador de licitaciones.io, ha subrayado que estos datos deben servir como una alarma sobre la estructura del mercado actual. En lugar de observar una diversidad de competencias tecnológicas o soluciones variadas, lo que se ve a menudo es una competencia limitada a los distribuidores autorizados de una marca única. Según Huertas, «la competencia no se defiende el día de la adjudicación, se gana o se pierde en el momento de redactar el pliego».
La dependencia respecto a los proveedores no siempre implica corrupción, pero puede convertirse en un problema si se perpetúa sin revisión. Licitaciones.io ha resaltado la necesidad de analizar esta dependencia, que a menudo se origina de decisiones técnicas razonables, pero que podrían llevar a una falta de alternativas competitivas. Las condiciones de los pliegos, así como la manera en que se agrupan las prestaciones y se gestionan los contratos prolongados, pueden crear un entorno donde un proveedor específico sea la única opción viable.
Huertas enfatiza que, aunque estas prácticas sean legales, no necesariamente promueven la competitividad. A largo plazo, podrían vaciar la esencia de la concurrencia, afectando no solo al precio sino también a la capacidad de negociación de la Administración, que podría terminar pagando más por servicios. En sectores críticos como el ferroviario, sanitario o energético, depender de un único proveedor se convierte en una vulnerabilidad estratégica cuando cambiar de tecnología es complicado o inviable.
Finalmente, Huertas considera que el mayor obstáculo para mejorar esta situación no es de naturaleza técnica ni normativa, sino la falta de voluntad para diseñar licitaciones auténticamente abiertas. En lugar de ver la exclusividad de un licitador como algo anecdótico, es fundamental reconocerla como un indicador que demanda atención y acción. Reconocer esta realidad podría ser un primer paso hacia una contratación pública más efectiva y competitiva en España.
